La confluencia de la
aprobación de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración
Local que Reforma la Ley Local en vigor desde 1985 y la de la Ley de Seguridad
Privada que sustituirá a la vigente desde 1992, pone negro sobre blanco las
verdaderas intenciones de ambas normas y al descubierto la "Hoja de
Ruta" del Gobierno Rajoy para beneficiar a las empresas privadas de
seguridad y convertir el ámbito público en un ámbito de negocio.
Durante el mes de diciembre y enero se está llevando a cabo una
campaña informativa en los Cuerpos de Policía Local para informar y poner en
conocimiento de las plantillas la situación que se va a generar a partir de la
aprobación de ambas leyes.
Durante meses, CCOO ha venido denunciando que resultaba muy
sospechoso que se eliminaran entre las competencias municipales en vigor desde
1985, las relativas a la seguridad en espacios públicos y ordenación del
tráfico. Por otra parte, se limita la protección del medio ambiente al casco
urbano de los municipios, entre otras decisiones que ahora se han aprobado ya
por la mayoría absoluta del PP y que publica la ley 27/2013.
Ahora con la entrada en el Senado de la nueva Ley de
Seguridad Privada se confirman las sospechas que venía denunciando CCOO. La
nueva norma considera a la Seguridad Privada como complementaria y
corresponsable de la seguridad ciudadana, lo que lleva implícito según palabras
de Márquez de la Rubia, portavoz de Grupo Poplar en la Comisión Parlamentaria:
"la conveniencia y la necesidad de estimular la cooperación
público-privada en este ámbito" y "la apertura del campo de actuación
de las empresas, que nosotros -y debo decirlo aquí- el Grupo Parlamentario
Popular apoyamos de forma entusiasta".
En palabras del Ministro Jorge Fernandez, los garantes de la
seguridad ciudadana ya no son en exclusiva los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
Pública como expresa la Constitución, ahora la seguridad privada también
garantiza "la seguridad de nuestros ciudadanos como condición previa para
que puedan ejercer libre y pacíficamente los derechos que la Constitución y
nuestras leyes les otorgan" (diario de sesiones).
Para CCOO el riesgo de una deriva privatizadora está servido. La
pérdida de negocio (un 8% en 2012) de la empresas de seguridad privada a las
que están muy vinculados nuestros dirigentes, está detrás de las modificaciones
legales innecesarias como las que estamos viviendo.
Tal y como ellos saben, retirar policía pública implica dejar el
campo libre al mercado y al negocio, como algún presidente de Asociación de
Comerciantes ha puesto en evidencia que tendrán que pagar los impuestos y
además contratar seguridad privada.
La posibilidad de que partes de la ciudad, perfectamente
perimetradas sean patrulladas, vigiladas por seguridad privada sin que pueda el
ayuntamiento oponerse (con la nueva Ley de Régimen Local ya es competente) y
que dependa directamente de la autorización gubernativa, nos retrotrae a la
época de los Gobernadores Civiles.
Valencia 09 de Enero de 2014.
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