El sindicato critica que se hayan obviado sus propuestas de mejora y que la única novedad reseñable del decreto publicado por el conseller de Governació en funciones sea la de favorecer a las formaciones sindicales menos representativas que el anterior excluía.
El lunes 1 de junio de 2015, el DOCV publicaba el nuevo Decreto 83/2015, de 29 de mayo, del Consell, por el que se regulan los requisitos y el procedimiento de homologación de acciones formativas dirigidas al personal de seguridad y emergencias y que sustituye al Decreto 186/2013.
Desde el sector de Administración Local de CCOO PV, se critica que Governació desatienda la solicitud reiterada del sindicato de un cambio sustantivo en el tratamiento de la formación policial mediante la elaboración participada de un nuevo decreto.
La propuesta de CCOO iba encaminada a un planteamiento más garantista de la formación, exigiendo criterios de acreditación de centros, agentes formadores, profesorado, acciones formativas, acompañado de un sistema de supervisión transparente para evitar que la formación de los policías pueda acabar en manos de personas u organizaciones interesadas en exclusiva en el negocio y rentabilidad económica.
Desde la FSC se cuestionan tanto la premura en la publicación del decreto, cuando el anterior apenas llevaba aplicándose un año, como el alcance del nuevo documento, cuya modificación más reseñable es la de introducir entre los agentes formadores a aquellas organizaciones que, sin tener la condición legal de más representativas, puedan ser acreditadas para ello.
Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía reivindican la validez de la propuesta trasladada a Governació, y reclaman que se ponga el acento en las garantías de calidad, transparencia en la gestión y compromiso con un papel mediador e integrador de la policía en la vida social.
Desde el sector de Administración Local de CCOO PV, se critica que Governació desatienda la solicitud reiterada del sindicato de un cambio sustantivo en el tratamiento de la formación policial mediante la elaboración participada de un nuevo decreto.
La propuesta de CCOO iba encaminada a un planteamiento más garantista de la formación, exigiendo criterios de acreditación de centros, agentes formadores, profesorado, acciones formativas, acompañado de un sistema de supervisión transparente para evitar que la formación de los policías pueda acabar en manos de personas u organizaciones interesadas en exclusiva en el negocio y rentabilidad económica.
Desde la FSC se cuestionan tanto la premura en la publicación del decreto, cuando el anterior apenas llevaba aplicándose un año, como el alcance del nuevo documento, cuya modificación más reseñable es la de introducir entre los agentes formadores a aquellas organizaciones que, sin tener la condición legal de más representativas, puedan ser acreditadas para ello.
Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía reivindican la validez de la propuesta trasladada a Governació, y reclaman que se ponga el acento en las garantías de calidad, transparencia en la gestión y compromiso con un papel mediador e integrador de la policía en la vida social.
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