Por Julio Conesa.
El actual gobierno local de Valencia marcó una diferencia muy importante en materia de acceso al empleo público respecto de la época de Rita Barberá.
El compromiso con la transparencia, la imparcialidad y la objetividad. Así fue con Sergi Campillo y así ha sido con Luisa Notario.
Fruto de ese compromiso, por ejemplo, el nombramiento de tribunales formados por funcionarios y funcionarias a partir de sorteos, sin designación directa.
Pero en ocasiones se dan situaciones que nos obligan a reflexionar si no será necesario dar una vuelta de tuerca y mejorar el sistema de funcionamiento de los tribunales, de su composición y desarrollo de sus tareas. En ellos reside toda la potestad para juzgar y valorar a las personas aspirantes, Pero de ellos también dependen el prestigio, la reputación del sistema asumido por el gobierno municipal que preside Joan Ribó.
Estos días hemos conocido de la finalización de los procesos de mejora de empleo de inspectores y oficiales en la Policía Local de Valencia.
Es cierto que los nuevos nombramientos lo son de manera temporal, las plazas deberán salir a oposición en breve, la falta de mandos y la necesidad de estos obliga. Pero no es menos cierto que la selección por muy liviana que sea debe cumplir con los mismos requisitos de transparencia, imparcialidad y objetividad que deberá tener el proceso de la oposición.
El malestar generado en gran parte de la plantilla al comprobar determinados hechos, de los que han informado varios medios, exige tomar decisiones por bien del proceso presente y futuros.
La bolsa de mejora de empleo en Inspectores ha contado con la valoración de una prueba o supuesto práctico basado en ordenes de servicio muy conocidas por toda la plantilla, lo que hacía relativamente fácil realizarla, por lo que los detalles, la coherencia, las mejoras sobre lo conocido, lo realista de las proposiciones y un sinfín de detalles debía llevar a establecer la diferencia en favor de las mejores respuestas.
Sin embargo, el resultado final en algunos casos ha chocado con el conocimiento que se tiene de unos y otros entre los componentes de la plantilla y ello ha hecho saltar las dudas, las sospechas incluso la indignación.
No digamos ya en el caso de la prueba objetiva en oficiales. La diferencia de notas en algunos casos acompañada de la rapidez en abandonar el aula de examen, lleva a preguntarse cómo, cuando, quien y donde se confeccionó y posteriormente se custodió el examen.
Demasiadas preguntas sin respuesta, por ahora, sobre las que se debería abrir expediente que justificara todas estas dudas. Revisión y transparencia del proceso.
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