Interinos en Policía Local. La precariedad que debe cesar

Por Julio Conesa (*)

Durante el transcurso de elaboración de la Ley, se debatió largo y tendido sobre la necesidad de terminar con el interinaje en Policía Local, basado en razones de índole jurídicos fundamentalmente (no son agentes de autoridad, las denuncias que imponen no tienen más validez que las de un particular, no deberían ni redactar ni “firmar atestados/denuncia”, incluso las detenciones que hacen pueden resultar cuestionadas).

Dada la inseguridad jurídica que entraña la persistencia de esta figura, la Ley 17/2017 de Coordinación de Policía Local dejó claro, negro sobre blanco que los Cuerpos de Policía Local sólo podrán estar constituidos por funcionarios de carrera. Así lo atestiguan sentencias recientes de los Tribunales Superiores de Justicia de Baleares y el País Vasco.

La opción contraria, mantener el interinaje puede interpretarse como una especie de engaño al que se somete a la ciudadanía al consentir que  personas realicen diariamente funciones como si fueran personal funcionario de carrera pero sin la capacidad técnica y jurídica necesaria y los plenos derechos y facultades que se requieren de un agente de la autoridad en ejercicio.

Durante el debate en la Ley se  comprobó que  ningún otro Cuerpo de Policía  tenía en sus filas personal interino (ni la Nacional, ni la Guardia Civil, ni la Ertzaintza, ni Mossos, ni la Foral de Navarra, ni la General de Canarias) y que  incluso la mayoría de las Comunidades Autónomas, sus policías locales tampoco tienen interinos, y muchas, al igual que en la  nuestra, contaban con temporadas turísticas de incremento masivo de  visitantes y aún así, no tenían personal interino.

La opción que se baraja por parte de algunos ayuntamientos y grupos políticos sobre una posible moratoria o decreto ley, para poder seguir contratando interinos significa una grave irresponsabilidad, una actitud reaccionaria ante el cambio de paradigma que propone la nueva Ley de Coordinación y que supone una apuesta de futuro por la profesionalidad de los policías y del servicio público.

Creo sinceramente que frente a los problemas que los diversos municipios plantean, la solución es, tal como  se planificó, acelerar la puesta en marcha de las opciones que la propia ley diseña, tales como consolidación del empleo para poner fin a la precariedad, asociación de municipios para servicios conjuntos, programación y elaboración de planes de actuación territorializados, convenios de colaboración que aborden la cesión mutua de personal en comisión de servicios, compartir recursos, poner en marcha  la encomiendo de las oposiciones  a través del IVASPE de manera urgente y acelerar las convocatorias, con ofertas de plazas y un calendario escalonado entre  otras.