IVASPE: la gran mentira

Por Julio Conesa

Recientemente hemos vivido un episodio bastante llamativo en relación con el IVASPE (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias). El personal “docente e instructores” presentaban la dimisión por el impago de sus emolumentos y los atrasos de más de un año, forzando con ello a la Conselleria a suspender el curso previsto para la promoción 52 de agentes de policía local.

Pero este hecho, no dejaría de ser un conflicto, digamos, laboral más, si no fuera por lo que ha puesto en evidencia.

Lo primero. Que después de 31 años en que supuestamente se creo el Instituto, éste no ha existido realmente jamás. Ha sido siempre un servicio, sección, área, dentro de la propia Consellería competente, con una merma permanente de efectivos y que ha mantenido el tipo medianamente por el esfuerzo de unas pocas funcionarias y funcionarios.

La Ley 2/1990 decía hace treinta y un año en su artículo 18, que se crea el Instituto y que a éste se le dotaría de su reglamento aprobándose por el Consell de la Generalitat. Lo cual hubiera supuesto un hito que hubiera permitido cumplir con los objetivos que se marcaban ya entonces: no solo los de formación y perfeccionamiento profesional, sino también los de investigación.

Objetivos que se vieron ampliados nueve años después por la Ley 6/1999 que en su artículo 26, no sólo se daba por creado (¿?) el Instituto, sino que volvía a confirmar que se aprobaba su reglamento por el Consell de la Generalitat, cosa que nunca sucedió. 

Esa dimensión de Instituto con aspiraciones (no olvidemos que no había dejado de ser una sección, área o algo así) se comprometía a seguir con los objetivos que se marcaron en 1990: no solo los de formación y perfeccionamiento profesional, sino también los de investigación y para ello se fijaba por ley establecer un sistema bibliográfico, documental y de información legislativa.

Esa vocación inicial de investigación, trabajo multidisciplinar más allá de lo que es dar formación, sólo quedó reflejada en la norma. Ni se creó el Instituto, ni se le dotó de medios para desarrollar una labor encomiable en torno a lo que una sociedad moderna requiere.

Y siguió la mentira. La Ley 17/17, la última, ha ido más allá. No sólo no menciona la creación del Instituto como las dos leyes anteriores (lo debe dar por creado, cuando esto no es cierto) sino que las pretensiones por escrito en la norma, van más allá de las que siempre se han propuesto y nunca se han llevado a cabo. 

Los artículos 15 y 16 de la ley abordan la definición y especifica que además de la formación llevará adelante investigación en torno a la seguridad pública (¿suena?), y en consonancia con esto será responsable del desarrollo y mantenimiento de un sistema bibliográfico, documental y de información legislativa.

En fin. 31 años de una gran mentira que ha saltado a los ojos de todos aquellos gobiernos valencianos que fueron y son. 

En unos casos porque para tapar sus vergüenzas y no cumplir compromisos se dedicaron a externalizar la formación mediante su política de homologación de cursos. Y otros porque ni cumplieron sus compromisos ni asumieron con valentía el reto de crear realmente el Instituto y dotarlo de reglamento y funcionamiento eficaz y eficiente.

Y todos porque utilizaron la formación para desarrollar una política opaca de contratación de docentes e instructores a la que quieren dar continuidad con una reciente normativa claramente arbitraria.