Por Julio Conesa.
Tras la dictadura franquista y la conquista de las libertades, llegaron las elecciones municipales y con ello los primeros ayuntamientos democráticos. Una de las primeras decisiones que se tomaron fue la de propiciar reformas en las plantillas de policía municipal.
Se iniciaron procesos selectivos a partir de 1977 que permitieron el ingreso de trabajadores y trabajadoras provenientes de otros sectores laborales, quienes en muchos casos traían sus propias experiencias de lucha por mejores condiciones de vida y conciencia sindical. Los ayuntamientos propiciaron el acceso a las primeras mujeres en ingresar a la policía.
Los cuerpos de policía seguían en aquel momento arrastrando una dinámica claramente franquista “pseudomilitar”, la disciplina arbitraria, relaciones autoritarias jerárquicas, estructuras rígidas basadas en fidelidades personales, incluso discriminación en las condiciones laborales y económicas caprichosas e injustificadas.
Aquellas primeras promociones de los ochenta se encontraron con todo el trabajo por hacer. Llevar los cuerpos de policía municipal al ámbito democrático y de progreso que la sociedad española había iniciado y conseguir como objetivo fundamental la modernización y profesionalización.
Se iniciaba así un largo periodo de trabajo y compromiso. El primer aspecto del mismo fue participar junto al resto de funcionarios y funcionarias en la conquista del derecho de representación, puesto que no había elecciones sindicales.
En 1986 las luchas nos llevaron a plantarnos frente a la aprobación de la Ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que, aunque nos reconocía como agentes de la autoridad y nos incorporaba como policía local, se nos privaba del derecho de huelga que sí podíamos haber ejercido hasta ese momento en los primeros años democráticos.
En 1990 se conseguía la primera ley de coordinación de policía local valenciana y con ello un paso profesional significativo en cuanto a imagen, formación, acceso, promoción, movilidad, uniformidad y medios homogéneos para todo el ámbito territorial valenciano y los diferentes cuerpos de policía local.
La profesionalización paso por impedir la laboralización de la función policial y la incorporación del personal auxiliar a los cuerpos de policía local o la extinción paulatina de estos puestos. Y por la regulación de sistemas de acceso basados en los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, introduciendo la exigencia del anonimato según pruebas.
A partir de esos primeros pasos, el trabajo ingente se ha venido concretando en mejorar las premisas inicialmente conseguidas y de ahí la reclasificación profesional al C1 con la exigencia de titulación de bachillerato superior o acceso a la Universidad, las mejoras en materia de segunda actividad y otros derechos que se contemplaron en la segunda ley de coordinación del año 99. Apenas 9 años después de la aprobación de la primera ley.
En ese marco de avances en lo profesional, arrancar al gobierno de España el compromiso y posterior aprobación del decreto que permite la anticipación de la edad de jubilación en policía local como lo tenían otros colectivos, fue otra de las conquistas más relevantes.
Y todo ello conseguido por el empeño y compromiso de aquellas promociones de los ochenta que se vieron reforzadas con la incorporación de posteriores promociones con más preparación y formación incluso, y que hoy están llamadas a seguir con la tarea iniciada.
La última contribución al desarrollo profesional llevada a cabo por el impulso de aquellas promociones, hoy ya en situación de jubilación claramente merecida, fue la Ley 17/17 de coordinación que implicaba un significativo avance profesional con la reclasificación de las estructuras de mando, las garantías en el funcionamiento de las promociones internas y el freno a posibles intromisiones externas.
Y otras muchas cuestiones que contempla la ley y que aún siguen pendientes de desarrollo, a la espera de un verdadero interés político en ello, lejos de paralizaciones o modificaciones legales para contentar el interés particular de unos pocos.
Recordemos que la negociación de la ley nos llevó dos años de diálogo y negociación, Generalitat sindicatos, municipios, asociaciones de mandos, técnicos y expertos.
La Ley se aprobó en diciembre de 2017 y entró en vigor en enero de 2018. Iniciando entonces un proceso que debería desembocar en la elaboración de los decretos y reglamentos de desarrollo.
Se abordaba por primera vez la profesionalización total de las plantillas; la revisión de escalas y categorías; la consideración de estructuras de coordinación supramunicipales; la revisión y mejora de derechos; la deontología profesional y los comités de ética; la recuperación de la formación policial en colaboración con el ámbito académico (carrera universitaria); un modelo basado en la homogeneización hacia un diseño de políticas comunes en seguridad; se fijaban las bases para fomentar apoyo y colaboración inter-policial, análisis, planificación y actuación conjunta, etc.
La nueva Ley suponía un compromiso firme por el cambio de paradigma en la concepción, el funcionamiento y la idiosincrasia de la policía de la Comunidad Valenciana hacia una visión autonómica integral de la seguridad pública.
Pero todo ese trabajo ingente y nuevos retos que seguro surgirán en busca de mejoras profesionales quedan para las promociones actuales y las que vendrán. Porque continuar ese compromiso, seguir el testigo de unas promociones por otras es una obligación colectiva que adquirimos responsablemente cuando decidimos acceder a esta profesión de servicio público como garantes del ejercicio de derechos y libertades ciudadanas.
