CCOO-Policía denuncia opacidad y trato privilegiado en los cursos de instructor del IVASPE

La Agrupación de Policías Locales de la FSC de CCOO en la Comunitat Valenciana ha denunciado públicamente una gestión “opaca y discriminatoria” en los cursos de Formación del personal instructor del IVASPE (INST), organizados por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, organismo dependiente de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

Según el sindicato, los cursos —celebrados recientemente en Valencia y Elche, con 75 plazas por edición— ya han sido impartidos sin que numerosos policías locales de distintas plantillas tuvieran conocimiento real y efectivo de la apertura del plazo de inscripción, lo que habría provocado su exclusión de una formación clave para el desarrollo profesional. En el caso del curso celebrado en Elche, representantes de CCOO aseguran haber comprobado que los asistentes pertenecían únicamente a las plantillas de Alicante, Finestrat y Elche.

CCOO sostiene que esta situación compromete el principio de igualdad de acceso a la formación pública. La resolución que aprueba la programación de cursos del IVASPE para 2026 fue publicada el 5 de febrero de 2026 e incluía estas acciones formativas, previstas inicialmente para enero y febrero del próximo año. Sin embargo, ambas ya se han realizado. La normativa establece que la apertura de los plazos debía publicarse y que las solicitudes debían presentarse por vía electrónica, algo que, según el sindicato, no se produjo de manera accesible ni generalizada.

“No se trata de un curso ordinario”, subraya la organización sindical. La obtención de la acreditación como instructor del IVASPE permite incorporarse a la comunidad educativa del instituto, participar en actividades docentes y acumular méritos con incidencia directa en la carrera profesional, por lo que limitar de facto el acceso supondría consolidar ventajas para un grupo reducido de profesionales.

El sindicato denuncia además que no hubo información ni negociación previa en los órganos correspondientes. En concreto, afirma que no se informó a la Comisión de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana ni se contó con la participación sindical en el diseño de los criterios de acceso, pese a ser un requisito recogido en la Ley de Coordinación de Policías Locales y en la normativa sobre negociación colectiva.

Ante esta situación, CCOO ha exigido explicaciones inmediatas a los responsables políticos y ha anunciado que solicitará formalmente:

• La publicación íntegra del expediente administrativo.

• La relación completa de personas solicitantes, con fecha y hora de registro.

• Los criterios reales aplicados en la selección.

• Información sobre los convenios exigidos a los ayuntamientos y su tramitación.

• La justificación del sistema basado exclusivamente en el “orden de entrada”.

Asimismo, el sindicato reclama un sistema equilibrado que garantice la representación territorial, la convocatoria urgente de nuevas ediciones en cada provincia con publicidad efectiva y, en su caso, medidas correctoras si se confirma que no existió igualdad real de acceso.

CCOO advierte de que este episodio responde a un modelo “clientelar” en la gestión de la formación pública, lo que, a su juicio, daña la credibilidad institucional. “La profesionalidad de las policías locales no puede depender de canales informales ni de accesos restringidos”, señala la organización, que no descarta activar todas las vías sindicales y legales si se acreditan exclusiones arbitrarias.

La diputada Isaura Navarro aboga por modificar el Real Decreto 1449/2018 e incluir el personal interino y auxiliar

Compromis se hace eco de la reivindicación de modificar el Real Decreto de anticipación de la edad de jubilación que llevamos planteando desde CCOO-Policía desde que se dieron los primeros casos de exclusión por parte del INSS del tiempo trabajado como interinos o auxiliares en policía local. Y ha respaldado nuestra posición con una PNL. Les Corts deben respaldar. No hay motivo alguno para no hacerlo.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Sobre el reconocimiento del tiempo de servicios prestados como policía local interino y auxiliar de policía local a efectos de la anticipación de la edad de jubilación

Exposición de motivos

El Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, regula la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en favor de los policías locales, reconociendo la especial penosidad, peligrosidad y desgaste físico inherente a dicha función pública.

No obstante, la redacción actual del citado Real Decreto limita el cómputo del tiempo de servicios exclusivamente al prestado como policía local de carrera, lo que ha provocado que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deniegue de forma sistemática el reconocimiento del tiempo trabajado como policía local interino, obligando a los afectados a judicializar su derecho.

Esta situación genera una desigualdad material injustificada, ya que los policías locales interinos han desempeñado exactamente las mismas funciones, con idénticas responsabilidades, riesgos y exigencias físicas que los funcionarios de carrera, tal y como han venido reconociendo reiteradas resoluciones judiciales y la doctrina del Tribunal Constitucional, que establece que no puede existir diferencia de trato cuando concurren las mismas funciones y condiciones laborales.

Debe tenerse en cuenta, además, que cuando se negoció y aprobó el Real Decreto 1449/2018, la figura del policía local interino no estaba generalizada en todo el territorio del Estado, concentrándose principalmente en comunidades autónomas como la Valenciana, Illes Balears, Cataluña o Euskadi, y sin que aún existiera un pronunciamiento claro del Tribunal Constitucional que equiparase plenamente ambas figuras.

Por otra parte, en la Comunitat Valenciana concurre una circunstancia singular que tampoco fue contemplada en el citado Real Decreto. Desde la década de los años noventa, numerosos municipios sin cuerpo de policía local contaban con auxiliares de policía local, figura amparada por la normativa autonómica de coordinación policial, que ejercía funciones materialmente idénticas a las de los policías locales en municipios con cuerpo propio.

Estos auxiliares accedían mediante procedimientos selectivos equivalentes, superaban pruebas físicas y teóricas similares y realizaban la formación obligatoria en el IVASPE, desempeñando funciones de seguridad ciudadana, tráfico, orden público y policía administrativa, con el mismo nivel de riesgo y penosidad. Sin embargo, su tiempo de servicio tampoco es reconocido a efectos de anticipación de la edad de jubilación, al tratarse de una realidad específica de la Comunitat Valenciana no prevista en la normativa estatal.

La consecuencia práctica de esta situación es que muchos profesionales, pese a haber prestado décadas de servicio efectivo en condiciones idénticas a las del resto de policías locales, ven negado su derecho a una jubilación anticipada, y en numerosos casos desisten de reclamar judicialmente por el coste económico, personal y temporal que ello supone.

Resulta, por tanto, necesario promover una modificación normativa que adapte el Real Decreto 1449/2018 a la realidad actual, garantizando la igualdad de trato y evitando una litigiosidad innecesaria.

Acuerdos

Las Corts Valencianes instan al Consell a:

1.-Instar al Gobierno del Estado a promover la modificación del Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, para que el tiempo de servicios prestados como policía local interino sea computado a efectos del cálculo de los años trabajados necesarios para la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación.

2.-Solicitar que dicha modificación incluya expresamente el reconocimiento del tiempo de servicios prestados como auxiliar de policía local en la Comunitat Valenciana, siempre que se acredite el desempeño efectivo de funciones policiales equivalentes y el cumplimiento de los requisitos de acceso y formación exigidos por la normativa autonómica de coordinación de policías locales

3.- Instar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a que, mientras se produce la modificación normativa, dicte instrucciones al INSS para que aplique una interpretación conforme a la jurisprudencia constitucional y al principio de igualdad, evitando la denegación automática del cómputo de estos períodos de servicio.

4.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Ministerio competente y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

La insensatez que sigue siendo necesaria

 

Por Julio Conesa

“Seamos realistas, pidamos lo imposible”, proclamaban en el Mayo del 68. En España, esa consigna encontró su traducción práctica años después, cuando en los ochenta y noventa algunos guardias civiles se atrevieron a reclamar públicamente el derecho a la libre sindicación. Aquella decisión, hoy difícil de imaginar, fue considerada entonces una auténtica insensatez.

Las consecuencias fueron severas: expedientes disciplinarios, sanciones, cárcel y represión. Sin embargo, de aquel conflicto surgió un avance que parecía inalcanzable: la legalización de las asociaciones profesionales. Un paso limitado, pero decisivo, que abrió una brecha en un sistema diseñado para negar derechos laborales básicos a quienes forman parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Casi cincuenta años después de la aprobación de la Constitución de 1978, la situación sigue siendo anómala. El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil permanecen excluidos del sistema ordinario de representación, afiliación y negociación colectiva que se aplica al resto de trabajadores y trabajadoras. Incluso policías locales y autonómicas —también institutos armados— disfrutan de derechos que a estos cuerpos se les siguen negando.

La Constitución reconoce la libre sindicación como un derecho fundamental y delega su regulación, en el caso de las fuerzas armadas o institutos armados, en la ley. Pero lo que nació como una limitación excepcional se ha convertido en una restricción permanente, difícil de justificar desde una perspectiva democrática. La propia OIT reconoce este derecho como fundamental, también para quienes desempeñan funciones públicas esenciales.

A estas alturas, cuesta encontrar una razón que no sea política: mantener a estos colectivos al margen del resto del mundo del trabajo, evitando que compartan espacios de organización, reivindicación y conciencia colectiva. Resulta paradójico que quienes están llamados a garantizar el ejercicio de derechos y libertades vean los suyos recortados de forma sistemática.

En este contexto, cobra especial relevancia la decisión de miembros de la Policía Nacional que han manifestado públicamente su voluntad de afiliarse a sindicatos de clase como CCOO o UGT, organizaciones en las que desde hace años participan policías locales y autonómicos. Se trata de una decisión consciente y valiente, sabiendo que puede acarrear sanciones graves en aplicación de la Ley de Régimen de Personal aprobada en 2015.

Ya no son necesarios pasamontañas ni comparecencias encapuchadas para correr riesgos. Hoy la disuasión adopta la forma de sanciones administrativas y expedientes disciplinarios, pero el efecto es el mismo: frenar el ejercicio de derechos fundamentales.

El Gobierno no debería ignorar esta realidad. Tiene la capacidad —y la responsabilidad— de promover un cambio legislativo que garantice plenamente el derecho a la libre sindicación. De no hacerlo, la experiencia demuestra que la presión social y la realidad acabarán imponiéndose, aunque sea a costa de nuevos conflictos y sufrimiento innecesario.

La negación de derechos no fortalece la autoridad del Estado, la erosiona. Una democracia que se proclama avanzada no puede seguir tratando como una amenaza el ejercicio de libertades fundamentales. Reconocer el derecho a la libre sindicación no es un riesgo: es una prueba de madurez democrática.

Nota: "Minyons no se hace responsable de las comunicaciones firmadas por sus autores"

Anomalía democrática en la Policía Nacional

Por Julio Conesa

He sabido que un grupo de policías del Cuerpo Nacional de Policía, firmemente decididos a poder afiliarse a los sindicatos de clase, ha solicitado que se les permita dicha afiliación y la aplicación del descuento de la cuota sindical en nómina, algo que hoy está prohibido por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.

El artículo 8 de dicha ley establece que el personal de la Policía Nacional puede constituir organizaciones sindicales, pero dispone que estos sindicatos solo pueden estar formados exclusivamente por miembros de este cuerpo. Además, determina que estas organizaciones sindicales no podrán federarse ni confederarse con otros sindicatos que no estén constituidos exclusivamente por policías nacionales.

Esta prohibición legal, claramente limitativa del derecho constitucional a la libre sindicación, parece estar vinculada tanto a la prohibición del ejercicio del derecho de huelga como a la condición del Cuerpo Nacional de Policía como instituto armado.

Sin embargo, el personal funcionario de las policías locales siempre ha podido ejercer el derecho de afiliación a sindicatos de clase o generalistas, aunque desde 1986 no puede ejercer el derecho de huelga, que sí se practicó hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/1986 (LOFFCS). Esta norma, principalmente en su artículo 53, define a las policías locales como institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizadas y bajo la dependencia del alcalde.

En el caso de las policías autonómicas, también definidas como institutos armados de naturaleza civil y creadas por las Comunidades Autónomas con competencias previstas en sus Estatutos, se ha permitido la constitución de sindicatos propios formados exclusivamente por policías, al mismo tiempo que se ha respetado su derecho a afiliarse libremente a sindicatos como CCOO o UGT.

Ni en los Cuerpos de Policía Local ni en los Cuerpos de Policía Autonómica se han producido disfunciones, conflictos relevantes o problemas de funcionamiento que pudieran justificar una limitación al ejercicio de la libre afiliación sindical como la que, sin embargo, se mantiene en la Policía Nacional.

Por todo ello, a estas alturas del siglo XXI, mantener la prohibición de la libre sindicación del personal del Cuerpo Nacional de Policía constituye una evidente anomalía democrática que debe corregirse cuanto antes, poniendo fin al agravio comparativo con otros cuerpos policiales que ejercen plenamente este derecho constitucional, como cualquier otra persona trabajadora en nuestro país.

Las dos grandes organizaciones sindicales de ámbito estatal, CCOO y UGT, están llamadas a dar una respuesta a esta situación mediante propuestas valientes, impulsando los estudios necesarios, abriendo procesos de negociación con los grupos políticos y promoviendo las reformas legales que permitan superar esta discriminación. Se trata de incorporar plenamente a miles de funcionarios y funcionarias de la seguridad pública al ejercicio efectivo de un derecho fundamental del que hoy siguen injustamente excluidos.

En la actualidad no existe justificación sólida alguna que permita mantener esta anomalía democrática.

Nota: "Minyons no se hace responsable de las comunicaciones firmadas por sus autores"

Carta pública al Excmo Sr. Presiente del Gobierno de España

A/A D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Como ciudadano aliado con los principios de honestidad y lealtad con la democracia, el respeto a derechos humanos y a la defensa de libertades de los españoles que tanto noscostó reconquistar a la inmensa mayoría del pueblo español, una vez muerto el dictadorFranco, hoy me siento obligado a expresar mi preocupación compartida con un sectormayoritario de la sociedad plural y diversa, quienes queremos seguir votando progresismo y democracia.

Como trabajador durante más de cuatro décadas al servicio de la administración policial he conocido vivencias de todo tipo, defendido sin dudar derechos y libertades de los ciudadanos-as residentes en este país, y de igual manera a los miembros del CNP en sus justas demandas que han significado una lucha desigual ante la Administración Policial.

El carecer de normativa vinculante, como se sabe, limita derechos y libertades fundamentales que otros funcionarios y el resto de la ciudadanía disfrutan; el colectivo excluido el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sido víctima de una influencia externa cuyos resultados son conocidos en la actualidad para preocupación de la sociedad civil.

En esta última etapa de mi actividad sindical, de 2016 a 2025, creí conveniente junto a otroscompañeros-as seguir aspirando a conseguir un fin concreto: la libertad sindical plena, trabajando y aportando ideas progresistas bajo la denominación ARP, en la actualidad SRP (Sindicato Reformista de Policías).

No hemos podido o sabido comprender que desde el Ministerio del Interior, desde la llegada del PSOE al Gobierno de la Nación y por tanto de Vd. como Presidente de España, en los planes de la Dirección General de la Policía no entraba derogar o adecuar un sistema policial y sindical creado por el Partido Popular, el cual viene significando retrocesos sociales y policiales al conjunto de trabajadores del Cuerpo Nacional de Policía.

Créame que venimos intentando convencer de la posibilidad de contribuir a una regeneración y adecuación con nuevas normas estatutarias, aportando a los responsables políticos del Ministerio del Interior escritos, reuniones y misivas, confiando en que los miles de compañeros/as de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recojan con agrado las intenciones que propone este movimiento sindical y se alejen de consignas que empañan el trabajo y la credibilidad de miles de funcionarios.

Estos movimientos que causan alarma social y encienden viejas pasiones de patriotismo, criminalizando la inmigración y tratando de involucrar a los trabajadores-as de ambos cuerpos, se deben evitar con toda firmeza y excluir tendencias contrarias al orden político y social en este país. Desde la Policía y la Guardia Civil, donde se refugian elementos extrema derecha en organizaciones denominadas sindicales o asociativas, se debe hacer efectiva una exclusión legal de éstos funcionarios como servidores públicos. 

Para alejar de estas prácticas lamentables y antidemocráticas en algunos sectores sindicales, he tratado de contactar con los responsables políticos del Ministerio del Interior para abrir cauces de diálogo y entendimiento con un fin primordial: llegar al preciado y conveniente régimen de libertad sindical y de afiliación a sindicatos externos, como ocurre en Policías Locales y Autonómicas, y centrarnos en funciones propias de sindicatos y asociaciones en la defensa de sus afiliados y reivindicaciones.

En las últimas horas nos hemos visto obligados a dirigirnos al Defensor del Pueblo para tratar que interceda ante Vd., el Ministerio del Interior, y que a su vez sindicatos de clase y grupos políticos que históricamente han defendido este cambio normativo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, posibiliten la integración plena en el estado de Bienestar Social a todos sus miembros, tal y como se propugna desde el ejecutivo al conjunto de la sociedad española.

Sr. Presidente del Gobierno,algunos responsables políticos de su partido en el Congreso de los Diputados saben de nuestras propuestas. Asimismo en el Ministerio de Trabajo y Economía también se conocen nuestras intenciones. Grupos y formaciones políticas como Podemos, Sumar, PNV, ERC, C.C. IU, BNG, Mas-Madrid y otros con los que podemosreunirnos, podían formar una mayoría suficiente a favor de ese cambio. Las Organizaciones USO, UGT y CC.OO están dispuestas a ello, y así lo han expresado en sus Resoluciones de Congresos y comunicados públicos.

Por todo ello es necesario atender de forma inmediata desde la preocupación y responsabilidad social de todas las partes implicadas y, en evitación de que continúen comportamientos alejados de la neutralidad y garantía democrática que se nos exige como defensores de los derechos y libertades de todos los españoles, le solicito haga llegar un pronunciamiento expreso a la voluntad manifiesta de aquellos miles de trabajadores-as que aguardan responsablemente por una solución al sector del sindicalismo en la Policía Nacional, permitiendo nuevos escenarios y avances en el derecho de representación colectiva.

No dude que el paso decisivo dentro del marco unificador de transformar y actualizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con los cambios y tiempos necesarios, contribuirá a garantizar una mejor calidad de vida profesional a sus miembros y a un mejor servicio a la sociedad española, a sus comunidades y a sus distintos territorios.

Espero y deseo que sepa atender esta carta pública, desde el respeto y mi total consideración.

Manuel J. Soler Martínez

Fundador ARP / Asesor SRP

Nota: "Minyons no se hace responsable de las comunicaciones firmadas por sus autores"

CCOO alerta de la filtración a los presuntos agresores de una denuncia de acoso laboral en la Policía Local Valencia

 

• Pepa Garcia (Valencia Plaza)

VALÈNCIA. Comisiones Obreras (CCOO) ha alertado de la filtración de una denuncia por presunto acoso laboral en el seno de la Policía Local de València a los propios agresores. Según la central sindical, el rastro del sistema informático de gestión (PIAE) confirma que la instancia fue remitida por el Gabinete Jurídico de la Policía Local directamente al responsable de la 7ª Comisaría de Proximidad (Marítim), quien figura como uno de los presuntos acosadores en el citado documento. El sindicato subraya que esta situación deja a la víctima, quien se encuentra "profundamente afectada", en una posición de "extrema debilidad" al verse vulnerada la protección de su intimidad y dignidad.

Los hechos se precipitaron tras tener conocimiento de una reunión en el despacho del Comisario del Marítim junto con los mandos intermedios señalados en la denuncia. CCOO sostiene que, pese a haber realizado sendos requerimientos los días 15 y 16 de diciembre comunicando la "extrema gravedad de los hechos" a la Jefatura, la Delegación de Personal, Riesgos Laborales y Protección de Datos, la denuncia del agente afectado "circulaba por la 7ª Comisaría" el día 17 de diciembre. Esta difusión interna se habría producido ignorando que el Protocolo de Acoso Laboral es "taxativamente claro" al exigir la "codificación de expedientes" y el "anonimato" para proteger a la posible víctima.

La organización sindical advierte que esta quiebra de la confidencialidad "contamina la investigación" de forma irreversible al afectar a la "libertad de declaración" y condicionar los testimonios de posibles testigos. Asimismo, denuncian que la entrega de la documentación a los implicados "facilita la destrucción de pruebas" y genera un clima de "autocensura" dentro de la unidad. Ante la existencia de otros escritos en trámite que denuncian situaciones similares, el sindicato teme que estos expedientes "puedan acabar también en manos de los presuntos agresores".

El sindicato ha instado formalmente a la Oficina de Protección de Datos a que investigue lo sucedido y ha solicitado al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales la remisión urgente de todos los documentos relacionados con posibles situaciones de acoso para garantizar su custodia y evitar nuevas filtraciones.

Cambios normativos en materia de seguros y vehículos Ley 5/2025

 

1. Objeto del informe

El presente documento tiene por finalidad informar de manera clara y sintética al personal de la Policía Local sobre los principales cambios introducidos por la Ley 5/2025, que afectan a la consideración de determinados vehículos y a la exigencia de seguro obligatorio de responsabilidad civil.

2. Fechas clave de aplicación

La Ley 5/2025 está en vigor desde el 26 de julio de 2025. Determinados efectos prácticos relevantes para el servicio policial se producen a partir del 1 de enero de 2026. El nuevo seguro obligatorio para los denominados vehículos personales ligeros (VPL) será exigible desde el 2 de enero de 2026.

3. Nueva definición de vehículo a motor

A efectos del seguro obligatorio, se considera vehículo a motor aquel que circule por el suelo, accionado exclusivamente por fuerza mecánica, y que cumpla alguno de los siguientes criterios: velocidad máxima de fabricación superior a 25 km/h, o peso superior a 25 kg y velocidad máxima superior a 14 km/h.

4. Periodo transitorio de seis meses

Los vehículos que, por esta nueva definición, pasen a ser considerados vehículos a motor disponen de un periodo transitorio de seis meses para contratar el seguro obligatorio. Durante dicho periodo no procede formular denuncia por carecer de seguro, debiendo informarse al conductor de la nueva obligación.

5. Vehículos personales ligeros (VPL)

A partir del 2 de enero de 2026 se establece un seguro obligatorio específico para los VPL. Para poder circular deberán contar con certificado de circulación, inscripción en la DGT y etiqueta identificativa visible.

6. Inscripción de patinetes eléctricos en la DGT (situación actual)

A día de hoy no existe un procedimiento que permita a los usuarios inscribir individualmente los patinetes eléctricos (VMP) en el Registro de Vehículos de la DGT. Actualmente, la DGT únicamente dispone de un registro de modelos homologados, no de vehículos asociados a personas concretas.

https://www.dgt.es/nuestros-servicios/tu-vehiculo/vehiculos-de-movilidad- personal-vmp/

El certificado de circulación y la placa o etiqueta identificativa son emitidos por el fabricante o comercializador del patinete, no por la Jefatura de Tráfico. Los patinetes comercializados antes del 22 de enero de 2024 pueden circular hasta el 22 de enero de 2027 aunque carezcan de certificado, siempre que cumplan la normativa municipal.

Los VMP, de acuerdo con el manual características VMP publicado mediante Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico, pueden ser de dos tipos:

•   VMP para transporte personal.

•   VMP para transporte de mercancías u otros servicios.

  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-987

La Ley 5/2025 prevé la creación futura de un registro público y de sistemas de identificación vinculados al seguro obligatorio de determinados vehículos personales ligeros, si bien este desarrollo reglamentario no se ha producido todavía. En consecuencia, en la actualidad no procede exigir inscripción individual ni sancionar por su inexistencia.

7. Criterios básicos de actuación policial

Identificar correctamente el tipo de vehículo. Comprobar si se encuentra dentro del periodo transitorio de seis meses. Priorizar la información y la prevención durante los periodos transitorios. No exigir inscripción en la DGT de patinetes eléctricos mientras no exista desarrollo reglamentario. Exigir el seguro únicamente cuando sea legalmente obligatorio.

Mensaje final

La nueva normativa amplía la protección de terceros y clarifica las obligaciones de aseguramiento. La correcta aplicación de los periodos transitorios y el conocimiento de la situación real de los patinetes eléctricos resultan esenciales para una actuación policial ajustada a la legalidad. 

Para cuando las oposiciones unificadas a policía local

Por Julio Conesa.

 

En 2017, camino ya de los diez años, se acordó la Ley de Coordinación de Policía Local de la Comunidad Valenciana, en la que entre otros importantes avances se plasmaba la necesidad de proceder a regular un sistema de unificación de los procesos selectivos de policía local en convocatorias únicas gestionadas por la propia Generalitat.

 

El objetivo es el de permitir a los ayuntamientos ahorrar costes por la celebración de unos procesos que, de otro modo, deberían realizar por separado, al tiempo que se gana en eficiencia y agilidad en el funcionamiento de los servicios públicos; y por otro lado, se facilita a los aspirantes la oportunidad de optar simultáneamente a plazas ofertadas por diferentes municipios, garantizando la aplicación de un mismo perfil de selección en los distintos cuerpos policiales. Tal y como consta en el Decreto del Consell que desarrolla lo fijado en la Ley 17/17.

 

Es evidente el beneficio económico que ello representaría para los ayuntamientos, y también para las personas aspirantes. Pero también esa centralización en un proceso selectivo unificado permitiría avanzar en un sistema más garantista, eficaz, eficiente y transparente.

 

A nadie se le escapa el sinfín de situaciones que llevamos años viviendo y que cuestionan el sistema actual parcheado de denuncias, investigaciones por parte del Sindic de Greuges, de la Agencia Antifrau, etc.

 

Ya es hora de ponerse las pilas. Los cambios políticos habidos no justifican tanta tardanza en llevar adelante este sistema de selección unificada que en el resto de comunidades autónomas ya está funcionando como: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Castilla la Mancha, Euskadi, Extremadura, La Rioja. O en marcha y programadas como en: Andalucía, Murcia o Navarra.

 

El proceso de homogeneización iniciado en 1990 con objeto de ir avanzando en criterios uniformadores de la imagen corporativa, de la formación y la profesionalización de las policías local debe seguir y cuanto antes mejor. Conseguir un sistema que nos permita organizar y programar año a año promociones de agentes de una manera consolidada evitará el importante grado de temporalidad y de precariedad que aún se padece en las plantillas.

 

No es aceptable comprobar que el número de agentes interinos no se haya reducido significativamente o que las plantillas estén en precariedad por el importante número de desplazados en comisión de servicios o nombramientos en mejora de empleo que no se consolidan.

Publicación en elDiarios.es:

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/opinion/oposiciones-unificadas-policia-local_129_12836553.html

Nota: "Minyons no se hace responsable de las comunicaciones firmadas por sus autores"