La reforma de la Ley 17/2017 no se limita a actualizar denominaciones administrativas. Introduce un cambio profundo en el modelo de coordinación de las policías locales: desplaza el peso de los órganos técnicos, profesionales y colegiados para concentrarlo directamente en la estructura política de la Conselleria.
La AVSRE desaparece como órgano encargado de ejecutar las políticas de coordinación y formación. Sus funciones pasan a depender directamente de la Conselleria y de la Dirección General de Seguridad Pública.
Se sustituye un organismo especializado por una cadena de decisión mucho más vinculada al poder político de turno.
La nueva Comisión de Coordinación refleja claramente ese cambio: La presidencia pasa a la persona titular de la Conselleria. Las vocalías son nombradas por la propia persona titular de la Conselleria y cada cambio en la presidencia obliga a renovar los nombramientos de representantes municipales y sindicales.
La continuidad de un órgano colegiado deja así de depender exclusivamente de los periodos de representación democrática y pasa a quedar vinculada también a los cambios en la dirección política de la Conselleria.
También se altera la representación sindical. Se sustituye un modelo relacionado con los resultados electorales por otro de dos representantes por cada sindicato considerado más representativo, con independencia del distinto respaldo obtenido por cada organización.
Se debilita la representatividad democrática y se facilita una representación sindical más cómoda y controlable para la Administración.
La misma Dirección General resolverá las exenciones de los cursos selectivos y designará al personal docente colaborador del IVASPE.
El Gabinete Técnico de Coordinación tampoco queda al margen. Pasa a estar adscrito directamente a la Conselleria. Su presidencia corresponderá a la Secretaría Autonómicab, y a la Dirección General y sus vocalías serán nombradas por la propia Secretaría Autonómica.
Incluso las diez personas representantes de los cuerpos de Policía Local quedan sometidas a este sistema de nombramiento, sin que la reforma establezca un procedimiento público basado en criterios objetivos de experiencia, capacidad, pluralidad territorial o representación de las diferentes categorías.
Un órgano puede conservar formalmente la denominación de “técnico”, pero pierde independencia si su dirección, sus encargos y sus integrantes dependen directamente de cargos políticos.
A ello se suma la reducción de los requisitos para crear categorías superiores. Donde antes se exigían dos plazas cubiertas de la categoría inferior, ahora bastará con una sola.
La reforma facilita plantillas con más mandos y menos personal operativo, incrementando el gasto en estructuras superiores mientras continúan faltando agentes en la calle. También aumenta el riesgo de que se creen puestos de mando pensando más en quién debe ocuparlos que en las necesidades reales del servicio.
Por último, la reforma atribuye a las policías locales nuevas intervenciones en materias social y políticamente sensibles, como la identificación, expulsión o denegación de acceso a personas que oculten “sustancialmente” el rostro. Se traslada así al policía de la calle la aplicación de conceptos ambiguos que pueden afectar a derechos fundamentales, sin protocolos claros ni suficiente cobertura jurídica.
Todo ello se ha aprobado después de mantener inactiva la Comisión de Coordinación desde 2024, pese a las solicitudes sindicales para convocarla, y mediante una ley de acompañamiento que ha evitado un debate específico sobre el modelo policial.
CCOO fue la única organización sindical que se posicionó en contra del conjunto de esta reforma.
La coordinación policial no puede convertirse en subordinación política.
Los órganos técnicos no pueden transformarse en prolongaciones de la Conselleria.
Las estructuras de mando deben responder a necesidades reales y no a intereses personales o políticos.
CCOO exige recuperar un modelo de coordinación profesional, colegiado, transparente y verdaderamente participativo, con autonomía técnica, representación sindical proporcional y garantías efectivas de independencia.
MENOS CONTROL POLÍTICO.
MÁS PROFESIONALIDAD, TRANSPARENCIA Y POLICÍA EN LA CALLE
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