La reforma de la Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales, aprobada por PP y VOX mediante la Ley 5/2026, se tramitó por la puerta de atrás: sin debate previo en la Comisión de Coordinación, sin participación sindical efectiva y sin una verdadera negociación con los representantes de los policías locales.
Y ahora entendemos mejor el resultado.
La anterior regulación garantizaba ocho vocalías sindicales, distribuidas en función de los resultados electorales obtenidos por las organizaciones más representativas en el conjunto de la Administración local valenciana.
La reforma elimina esa proporcionalidad y establece:
“Dos representantes por cada uno de los sindicatos más representativos del personal funcionarial de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, hasta un máximo de ocho vocales.”
No es un simple cambio de palabras. Es un cambio diseñado para alterar quién participa y cuánto representa cada sindicato.
Con la nueva fórmula:
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todos los sindicatos incluidos reciben exactamente dos puestos, con independencia de su respaldo electoral;
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se abandona la representación proporcional;
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ya no se garantizan ocho vocalías sindicales, sino únicamente “hasta un máximo de ocho”;
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si hubiera más de cuatro sindicatos con derecho a participar, alguno tendría que quedar excluido.
La reforma abre así la puerta a que SPPLB obtenga dos puestos en la Comisión, pese a que ese mismo sindicato ha participado en la negociación y es impulsor de una modificación que le beneficia directamente.
SPPLB gana dos sillones. Los policías locales pierden representación.
Se premia un modelo sindical corporativo mientras se reduce y diluye el peso de las organizaciones que representan al conjunto de empleados públicos de la Administración local. Y todo ello en el máximo órgano de participación institucional, consultivo y deliberante en materia de Policía Local ante la Generalitat.
El mensaje es preocupante: se sustituye la proporcionalidad democrática por un reparto igualitario de puestos entre organizaciones con apoyos electorales muy diferentes y se debilita la capacidad real de representación de los policías locales.
Además, la propia ley vincula la renovación de las vocalías sindicales al cambio de la persona titular de la Presidencia de la Comisión, reforzando todavía más el control político e institucional sobre su composición.
La Comisión de Coordinación no es formalmente una mesa de negociación colectiva, pero constituye el principal cauce legal de participación sindical de los policías locales ante la Generalitat. Vaciarla de proporcionalidad y reducir potencialmente sus vocalías significa debilitar esa participación y convertir a los representantes sindicales en meros convidados de piedra ante decisiones previamente adoptadas.
La mejor prueba es la propia reforma: modificaron el órgano de participación sin convocarlo ni permitirle participar.
Desde CCOO denunciamos una reforma hecha sin transparencia, sin diálogo y con beneficiarios perfectamente identificables.
Recordemos que la Comisión de Coordinación debía ser la voz de los policías locales ante la Generalitat. O, mejor dicho, lo era.
Con esta reforma, las propuestas sindicales en materia de Policía Local se diluyen y la participación institucional se vacía de contenido. El debate plural y transparente es sustituido por negociaciones opacas, celebradas en despachos y al margen del órgano legalmente creado para escuchar a los representantes de los policías locales.
Sin debate, sin diversidad y sin verdadera negociación.
No están reforzando la participación sindical: están decidiendo quién puede hablar, cuánto puede representar y qué voces interesa escuchar.
En definitiva, se silencia ante la Generalitat la voz de los policías locales de la Comunitat Valenciana.
Dos puestos para SPPLB no pueden pagarse con menos democracia sindical y menos voz para los policías locales de la Comunitat Valenciana. Antes decían que era una mala Ley y se pasaron años atacándola, ahora, tras la reforma dicen que la Ley se ha modernizado, cada cual que saque conclusiones.
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