Por Julio
Conesa (*)
Durante el transcurso de
elaboración de la Ley, se debatió largo y tendido sobre la necesidad de
terminar con el interinaje en Policía Local, basado en razones de índole jurídicos
fundamentalmente (no son agentes de autoridad, las denuncias que imponen no
tienen más validez que las de un particular, no deberían ni redactar ni “firmar
atestados/denuncia”, incluso las detenciones que hacen pueden resultar
cuestionadas).
Dada la inseguridad jurídica que
entraña la persistencia de esta figura, la Ley 17/2017 de Coordinación de
Policía Local dejó claro, negro sobre blanco que los Cuerpos de Policía Local
sólo podrán estar constituidos por funcionarios de carrera. Así lo atestiguan sentencias
recientes de los Tribunales Superiores de Justicia de Baleares y el País Vasco.
La opción contraria, mantener
el interinaje puede interpretarse como una
especie de engaño al que se somete a la ciudadanía al consentir que personas realicen diariamente funciones como
si fueran personal funcionario de carrera pero sin la capacidad técnica y
jurídica necesaria y los plenos derechos y facultades que se requieren de un
agente de la autoridad en ejercicio.
Durante el debate en la Ley
se comprobó que ningún otro Cuerpo de Policía tenía en sus filas personal interino (ni la
Nacional, ni la Guardia Civil, ni la Ertzaintza, ni Mossos, ni la Foral de
Navarra, ni la General de Canarias) y que
incluso la mayoría de las Comunidades Autónomas, sus policías locales
tampoco tienen interinos, y muchas, al igual que en la nuestra, contaban con temporadas turísticas de
incremento masivo de visitantes y aún
así, no tenían personal interino.
La opción que se baraja por
parte de algunos ayuntamientos y grupos políticos sobre una posible moratoria o
decreto ley, para poder seguir contratando interinos significa una grave
irresponsabilidad, una actitud reaccionaria ante el cambio de paradigma que
propone la nueva Ley de Coordinación y que supone una apuesta de futuro por la
profesionalidad de los policías y del servicio público.
Creo sinceramente que frente a
los problemas que los diversos municipios plantean, la solución es, tal
como se planificó, acelerar la puesta en
marcha de las opciones que la propia ley diseña, tales como consolidación del
empleo para poner fin a la precariedad, asociación de municipios para servicios
conjuntos, programación y elaboración de planes de actuación territorializados,
convenios de colaboración que aborden la cesión mutua de personal en comisión
de servicios, compartir recursos, poner en marcha la encomiendo de las oposiciones a través del IVASPE de manera urgente y
acelerar las convocatorias, con ofertas de plazas y un calendario escalonado entre otras.
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