Por J.Conesa
A primeros de mes acabó el plazo para presentar alegaciones al texto del borrador de Decreto de Consolidación que prevé la Disposición Transitoria Primera de la Ley 17/2017.
Nos llegan noticias de que se presentaron una docena de escritos proponiendo cambios en el mismo y CCOO nos dirigimos a la Agencia solicitando que se intente responder por escrito y de forma argumentada a las alegaciones, tanto con las que sean aceptadas como con las que se rechacen, y que se agilicen los trámites y se remita urgentemente al Consell para su aprobación.
Es evidente que este tema debería de haberse resuelto de manera inmediata a la par que la aprobación y publicación de la Ley. Pero también es cierto que en esta ocasión, la Agencia ha preferido actuar con cuidado, ya que hay intereses contrarios al desarrollo de la misma y a que se solucionen los problemas que se arrastran con prontitud. Se acabaría con ello un cierto ambiente de incertidumbre que algunos está aprovechando.
Este es el caso que me llega por parte de algunos compañeros y compañeras interinos. Comentan que un sindicato de los llamados "profesionales" va diciendo que han presentado una batería de alegaciones que le daría la vuelta completamente al contenido del Decreto y que de no aceptarse acudirán a los tribunales para retrasar su entrada en vigor y por tanto la posibilidad de resolver el problema a cientos y cientos de policías.
Es lamentable que mientras algunos, desde el principio, hemos participado y colaborado para hacer de la norma algo ajustado que dé el máximo de facilidades para acabar con esta angustia, otros, desde el principio, se hayan dedicado a boicotear los cambios legislativos que lo pueden permitir.
Se acercan las elecciones sindicales. En el periodo de concentración 2018-2019 el sindicalismo "corporativo", "profesional", se juega mucho y va a utilizar todas las herramientas a su alcance para intentar ganarse el favor de los electores aprovechando en este caso la incertidumbre y la inseguridad en el futuro.
Nosotros no vamos a caer tan bajo. Nuestro mensaje no es plano, irracional, ni va dirigido a las emociones. Nosotros no engañamos, ni lo hemos hecho nunca. Desde el principio nos comprometimos a pelear dentro de la legalidad por conseguir un decreto lo más garantista y adecuado posible. Algunas cosas que ahora venden como humo, a nosotros ya nos las rechazaron con argumentos jurídicos y sentencias. Por ello decimos que "escuchar lo que uno quiere oír" sólo puede llevar al autoengaño y a la decepción.
Los Ayuntamientos deben estar preparados para poner en marcha el proceso pertinente en cuanto se apruebe el Decreto. Deben tener aprobada la Oferta de Empleo Público, en este caso de carácter extraordinario según la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de tal manera que no se pierda demasiado tiempo.
En mi opinión, por los años transcurridos es posible que puedan producirse decisiones políticas por las que se excluya de oferta alguna plaza (edad de los afectados próxima a la jubilación, etc...) pero cualquier decisión en este sentido debe ser fruto del consenso.
De otra parte debería estar ya elaborado el modelo de convenio de adhesión de los ayuntamientos al proceso selectivo centralizado en el IVASPE.
La FVMP debería haber remitido ya una circular a todos los ayuntamientos con Cuerpo de Policía Local sugiriendo que opten por esta solución que resolverá los problemas de manera más rápida.
En fin. Estamos en la recta final, pero esto no ha acabado aun.
