A escasos ocho meses de las elecciones autonómicas y municipales, menos si contamos con que dentro de nada todo el mundo se pondrá en pose electoral y ya no se hará nada, se cumple nuestro peor presagio, si nadie lo remedia.
Y es que, salvo la aprobación de la nueva Ley de Coordinación, la 17/2017, con todas las expectativas que levantó, ninguna norma de desarrollo de la misma ha visto la luz.
Un incomprensible parón que ya advirtió CCOO se produjo en enero-febrero de 2018. Ralentización de los trabajos de la Comisión de Coordinación y del Gabinete Técnico dependiente de la Agencia, no sé si como consecuencia de los relevos habidos en la cúpula de la Agencia, o de la sustitución de miembros del Gabinete, o las presiones de los políticos reacios a los cambios que obligó a hablar de un Decreto-Ley para retomar "aunque fuera de manera provisional" la posibilidad de nuevos nombramientos de policías interinos, no sé. Pero lo cierto es que estamos aquí, casi parados.
Y digo casi parados, porque a fuerza de presionar, el Decreto de Consolidación de la Disposición Primera que para nosotros tenía que haber salido en paralelo a la Ley en enero, parece que salva el trámite burocrático de la abogacía de la Generalitat para pasar al Consell Juridic Consultiu y después al Consell para su aprobación, ya veremos.
Y digo presionar, porque al final, hartos de pedir explicaciones, hartos de dirigir escritos, tener conversaciones, etc...tuvimos que levantarnos de la mesa, abandonar la Comisión de Coordinación del pasado día 27 de septiembre, y hacer públicos los motivos y nuestras desavenencias.
Es una lástima. Podríamos tener en este momento aprobados muchos decretos de desarrollo que harían pensar a todo el mundo que esto va en serio, que le queremos dar una vuelta a las quejas que se vienen manifestando desde hace años en lo profesional y en lo laboral. Son tiempos de acabar con los recortes, con las políticas de privatización de la formación, con la falta de respeto hacia el "principio de coordinación" como competencia autonómica al que deberían plegarse los ayuntamientos para poder hacerlo eficaz a la ciudadanía, alejándose de una vez de la politización de un servicio público esencial como es el de la seguridad.
No tenemos esas normas. Se siguen rigiendo por las viejas heredadas de la Ley 6/99, hasta el punto de que la gente no se cree que se haya aprobado una nueva Ley. Y ello nos conduce a situaciones absurdas sobre bases de oposiciones, sobre elaboración de RPT's contradictorias, sobre inaplicación de la reclasificación de los/las Oficiales, sobre uniformidades, medios técnicos dispares...
A quien interesa toda esta confusión?
Nosotros advertimos desde CCOO que la elaboración, debate y aprobación de la nueva Ley (ojo, con sólo 12 votos en contra de Ciudadanos), era lo menos problemático. Que como decía Romanones, creo, "haced las leyes que yo haré los reglamentos".
Exacto, la ley se quedará en papel mojado si no hay un buen desarrollo. Nos pasamos todo 2017 diciéndolo. Y se ha confirmado (de momento).
No podemos seguir así. ALGUIEN se tiene que poner las pilas. Tal vez no esté rodeado de las personas adecuadas, rodeado de viejos cliches conservadores.
En fin. Es una reflexión, antes de entrar en batalla un día de estos.
