El Pleno de Corts aprobó el día 18 la reintroducción de la interinidad en los Cuerpos de Policía Local vía enmienda, que modifica la Ley 17/17 de Coordinación con los votos del PSOE y Compromis (proponentes de la enmienda) y el apoyo del PP (partido que incorporó la interinidad a la Ley 6/99 en tiempos de Zaplana).
El objetivo, hace 20 años, como lo es ahora, con los matices que se quiera, es el de normalizar la figura de la interinidad en el seno de un cuerpo policial, sobre el que recae, en primera instancias (y en ocasiones última) la alta responsabilidad de garantizar el ejercicio de derechos y libertades ciudadanas por ser el más próximo.
Nuestra labor, desde la perspectiva del reconocimiento como operadores jurídicos y sociales de primer orden no es valorada por los políticos que han tomado esta decisión, perdiéndose en argumentos y justificaciones en ocasiones falsas. Como decir que una Sentencia del Constitucional nos obliga a ello.
Más bien, la toma de decisiones de este calibre (contradiciendo las iniciativas tomadas apenas hace dos años) solo vienen a confirmar que los colegas que se sentaban en los sillones en 2017 no han transmitido a los que se sientan en 2019 (tras las elecciones) la necesaria coherencia de planteamientos y objetivos de futuro (salvo Unidas Podemos).
Increíble que ha estas alturas del Siglo XXI, en puertas de finalizar la década, sigan con los viejos prejuicios de los años ochenta.
Recordemos, que solo en 1986 se consiguió que se nos reconociera a los policía locales como "agentes de la autoridad" y después poco más. Tratando a las policías locales como subsidiarias de la FFCCS, que en fondo es lo que subyace en el planteamiento de todos los que han votado el día 18 a favor de la enmienda volviéndonos al 1999.
Y la precariedad, que lleva más de 20 años instalada es precisamente la gran beneficiada. Y ello, como expresión del conjunto innombrable de intereses públicos y particulares generados en torno a ella. Que a la vista del peligro que se les venía han reaccionado inmediatamente contra la Ley 17/17.
Y no otra cosa hay detrás. El negocio de las academias; de los chiringuitos sindicales; de las comisiones de servicio a medida; de las bolsas de trabajo amañadas; del interés por tener interinos discontinuos de verano; de los acuerdos interadministrativos manipulados, de lo provechoso de la situación para mandos mediocres y alcaldías sin escrúpulos; y no sigo. Mucha gente sabe de lo que hablo.
Incluso, la asunción socialmente aceptada en el colectivo por muchos policías funcionarios de carrera de que es mejor trabajar así que no trabajar. Olvidando con ello lo que supone de autodesprecio.
Y no apreciando lo que conlleva a la larga de destrucción de empleo de calidad, de las mejoras conseguidas con años de esfuerzo y lucha. Cuando empezábamos a ver la luz.
Ahora no nos queda otra que seguir a "pie de cañón", redoblando esfuerzos de acción sindical, fiscalización y denuncia. Va a ser un "no parar".
Una lastima, cuando deberíamos estar desarrollando la Ley, empujando en la carrera profesional, en la configuración de estudios académicos especializados, en desarrollar las políticas de coordinación supramunicipal, mancomunización de servicios, policía autonómica y un largo etcetera.
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