Por Julio Conesa
Desde los años noventa el Instituto Valenciano de Seguridad Publica y Emergencias (antiguo IVASP) ha pasado por diferentes etapas. Siendo inicialmente considerado como un referente estatal en la formación de los policías, paso con el tiempo a convertirse en una sección administrativa más de las sucesivas consellerías de interior, gobernación, administraciones publicas, etc, según la legislatura correspondiente.
Un periodo de inanición y reducción de personal en el que primó la externalización de la formación policial hacia entidades “colaboradoras”, dejando en manos, mayoritariamente de los sindicatos, la realización de los cursos de formación y perfeccionamiento, con el consiguiente clima clientelar que se generó entre ellos.
La actual Ley 17/17 de Coordinación pretendía entre sus objetivos definidos en el título V que la formación para el desarrollo profesional de los miembros de los cuerpos de Policía Local, recaiga en el IVASPE, al que corresponde el ejercicio de las funciones de formación, investigación y perfeccionamiento profesional en materia de policía y emergencias.
Sin embargo, la realidad es que no se da el paso de la palabra a los hechos, y mientras vemos otras autonomías, dedicar recursos materiales y humanos a esta labor, en nuestro caso la asignación sigue siendo ínfima.
Durante años viene funcionando con sólo 6 o 7 personas, ahora no más de 5 tras la renuncia de la Directora. Y la pregunta es ¿cómo es posible que la Comunidad Valenciana no tenga el nivel que le corresponde en recursos para la formación en seguridad y emergencias? ¿Cómo es posible que se nos anuncie un nuevo chiringuito como es la posibilidad de crear la Unidad Valenciana de Emergencias (por cierto: Qué son los Bomberos, etc.?) y sin embargo se siga sin abordar de manera adecuada y suficiente la financiación y funcionamiento del IVASPE?
Resulta difícil de entender cómo se hacen apuestas por la formación con la “boca grande” que desmienten los hechos. Algo que siempre se ha considerado muy importante puesto que redunda en beneficio de los ayuntamientos y la ciudadanía en general.
La encomiable labor que desarrollan estas personas para sacar adelante los programas anuales de formación que demandan más de 15.000 empleadas y empleados públicos de las emergencias no se ve reconocido por la administración de la Generalitat incorporando los efectivos necesarios (no menos de 30 empleados) para que todo funcione con mayor fluidez y se puedan abordar otros aspectos previstos en la ley y que no se atienden desde los años 90, como los de investigación multidisciplinar por poner un ejemplo.
Tal vez por ello en 30 años ningún gobierno haya aprobado el “Reglamento de funcionamiento del IVASPE” puesto que les sacaría los colores.
Es urgente pues, insistimos de nuevo, un año más, que el “Govern” refleje en los próximos presupuestos una apuesta real por la formación y mejora profesional de este Servicio Básico de Ciudadanía como es el de las Emergencias.
Artículo publicado en Levante-EMV el 2 de octubre de 2020
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